Dolores Huerta, la senadora estatal Monique Limón y mujeres de color se manifiestan en el capitolio estatal para exigir a los legisladores que corrijan las leyes racistas de registro de votantes del estado
Un centenar de defensores de todo el estado se reunieron con legisladores para compartir cómo las leyes de registro de votantes dificultan la votación para sus comunidades, pidiendo a la legislatura que apruebe la SB-299, para automatizar el registro de votantes
SACRAMENTO, CA — Ayer, Dolores Huerta, la senadora estatal de California Monique Limón, el asambleísta Chris Holden y 100 defensores del derecho al voto de todo el estado que conforman la California Grassroots Democracy Coalition, se reunieron frente al edificio del Capitolio para galvanizar a la legislatura estatal en torno al proyecto de ley del Nuevo Programa de Votantes Motorizado de California (SB-299). Si se convierte en ley, la SB-299 pondría automáticamente a 4.7 millones de votantes elegibles pero no registrados, que son desproporcionadamente ciudadanos asiático-americanos, negros y latinos a un paso más cerca de las urnas electorales. La Coalición espera que la presidenta del Comité de Elecciones, la asambleísta Gail Pellerin, amplíe la democracia de California a todos los votantes elegibles y lleve a California hacia un registro de votantes verdaderamente automático con la SB-299.
«En pocas palabras: las leyes de registro de votantes son racistas», dijo Dolores Huerta, cofundadora de United Farmworkers y presidenta de la Fundación Dolores Huerta, quien ha estado abogando por la expansión de los derechos de voto para las comunidades subrepresentadas desde la década de 1950. Son reliquias de la era racista de Jim Crow, una época en la que se establecieron pruebas de alfabetización, impuestos electorales y otros obstáculos para evitar que votaran las personas negras, indígenas y otras personas de color».
Las prácticas electorales excluyentes de California han evolucionado y persistido durante más de dos siglos. Más allá de la demora de 92 años de California en garantizar la igualdad de derechos para los negros, chinos, mexicanos y nativos americanos a través de la prolongada ratificación de la 15ª Enmienda, California disuadió el voto al negar la ciudadanía a los inmigrantes chinos, exigir pruebas de alfabetización para todos los votantes en las urnas e introducir una variedad de impuestos electorales que afectaron desproporcionadamente a los trabajadores, a los inmigrantes y a los votantes poco frecuentes. El requisito de registrarse con un secretario del condado se introdujo en 1866 y tuvo el mismo efecto deseado para hacer que el voto fuera exclusivo.
La senadora Monique Limón (demócrata de Santa Bárbara), autora del proyecto de ley, dijo: «Es inaceptable que las comunidades de color de la clase trabajadora continúen siendo sistemáticamente excluidas del acceso al poder político. Debemos tomar las medidas necesarias para asegurar que la población diversa de California se convierta en un electorado diverso que realmente represente el poder de nuestro estado».
La SB-299 actualizaría el registro de votantes de California a un Registro Automático de Votantes Seguro (SAVR, por sus siglas en inglés), que registra automáticamente a las personas elegibles cuando interactúan con una agencia estatal como el DMV o Medicaid. Este proyecto de ley obedece a una tendencia nacional de la actualización y automatización completa de las leyes de votantes motorizadas que se han aprobado recientemente en Alaska, Delaware, DC, Colorado, Nuevo México, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Oregón y Washington.
Además de Limón y Huerta, tres mujeres líderes de color hablaron en el mitin y la conferencia de prensa sobre los tipos de obstáculos que el registro de votantes representa para sus comunidades.
«Fui para mi familia el único intérprete y navegador cívico que tenían desde muy temprana edad, y el registro de votantes no era el papeleo más urgente que traducía para ellos», dijo Sydney Fang, directora de políticas de AAPI FORCE, quien es hija de inmigrantes y refugiados que hablan cantonés. «Una vez que pudieron optar por votar en su idioma, el registro fue más fácil para mi familia. La SB-299 eliminaría este laborioso paso adicional que impide que tantas personas que no hablan inglés participen en nuestra democracia».
Kristin Nimmers, Gerente de Políticas y Campañas de la Red del Poder de Personas Negras de California, describió cómo las personas afectadas por el sistema (1 de cada 13 adultos negros) experimentan cambios frecuentes en su elegibilidad para votar, lo que dificulta mantenerse al día con el registro. «California recuperó el derecho al voto de más de 50 mil personas en los últimos cuatro años gracias a la Proposición 17», dijo Nimmers. «Pero en ausencia de un sistema estructurado muchas de esas personas, y otras en libertad preparatoria y libertad condicional, quienes cumplen una sentencia por un delito menor o en espera de juicio, todavía están por enterarse sobre este nuevo derecho tan importante y, por lo tanto, es mucho menos probable que se registren».
«La falta de información en el idioma natal de los inmigrantes en varias etapas de su proceso de ciudadanía hace que registrarse para votar no solo sea difícil sino también peligroso», dijo Itzel Maganda Chávez, Directora de Participación Cívica de Alliance San Diego, quien describió a un miembro de la comunidad que se registró por error antes de ser elegible, poniendo en peligro su elegibilidad para naturalizarse, y podría haber resultado en la deportación. «Al poner la carga de registrarse en todos los californianos, el estado pone en peligro a los no ciudadanos que no son conscientes de las consecuencias o del conocimiento histórico del proceso de votación de Estados Unidos».
Acerca de la California Grassroots Democracy Coalition
La California Grassroots Democracy Coalition comprende más de 140 organizaciones de base y se dedica a ayudar a las comunidades más vulnerables de California a empoderarse a través de reformas a favor de la democracia. Las organizaciones incluyen una amplia gama de antecedentes que incluyen, entre otros: reforma de la justicia penal, derechos de los inmigrantes, acceso al idioma, comunidades de bajos ingresos, justicia ambiental, sindicatos de trabajadores y religiosos, etc. www.cademocracy.org
Contacto de medios: Alexis Meisels & Ahuatl Amaro, Change Consulting